Por primera vez el gobierno de Veracruz ofreció una disculpa pública por desapariciones forzadas en el Museo de Memoria y Tolerancia, luego de que el pasado 11 de enero de 2016 agentes de la policía estatal desaparecieran a cinco personas en el municipio de Tierra Blanca.
El gobernador, Cuitláhuac García, ofreció una disculpa pública en medio de reclamos de justicia y cambio.
“Es momento de dar lugar a la verdad y detener el daño a particulares por parte de las autoridades estatales. Es momento de reconocer que el estado les falló y no hubo capacidad de brindarles seguridad”. Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz.
El mandatario estatal reconoció que faltó una respuesta adecuada y pronta rumbo a la justicia, por parte de la administración que se encontraba en funciones en 2016. Además de que se criminalizó a las víctimas.
“Reconocemos públicamente la falla del estado y ofrecemos una disculpa por el actuar de la policía, por la detención arbitraria, tortura y asesinato de sus hijos”
Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, expresó su reconocimiento a las familias de los jóvenes desaparecidos “quienes fueron víctimas de la violencia que ha prevalecido en el país”.
“Este es un acto de inmenso dolor; sin embargo, estamos aquí por la dignidad de los familiares de buscar la reparación y la garantía de no repetición en este país, este acto de disculpa pública es de gran relevancia ya que demuestra la prioridad de poner a las víctimas en el centro de nuestro actuar” declaró el subsecretario
Además, el funcionario agregó que “si bien las disculpas no reparan la gravedad el hecho si son un paso relevante para hacer justicia y castigar a los perpetradores de estos delitos. Este acto es para empezar un estado más justo, tenemos que transformas nuestro país para frenar más violaciones a derechos humanos que tanto han lastimado a nuestras familias”.
Durante el evento, Encinas afirmó que “asumo en este acto con una profunda responsabilidad que se alcance plenamente la justicia para este caso”.
Cabe recordar que el l 11 de enero de 2016, José Alfredo González Díaz (25 años), Mario Arturo Orozco Sánchez (27), Susana Tapia Garibo (16), José Benítez de la O (24) y Bernardo Benítez Arróniz (25) quienes iban del Puerto de Veracruz a Playa Vicente, fueron detenidos arbitrariamente por policías en el municipio de Tierra Blanca.
Los primeros días de marzo de 2016, autoridades informaron que se encontraron los restos de los jóvenes en el rancho El Limón ubicado en el municipio de Tlalixcoyan.
Bernardo Benítez, padre de Bernardo, expresó que “yo no creo que exista la justicia, si ésta existiera nuestros hijos hoy vivieran y estarían trabajando, estudiando o con sus familias, no creo en la justicia del estado mexicano”.
De acuerdo con el relato del padre de uno de los chicos, “a nuestros hijos los detuvieron elementos de la policía del estado de Veracruz, los entregaron al Cártel de Jalisco Nueva Generación, los mataron por parecer sospechosos”.
El padre que ha luchado por tres años por justicia para su familia declaró que “en todo este tiempo no tenemos ni un sentenciado, no sé que esperan los jueces. Tienen que condenar a las 21 personas detenidas, falta investigar a superiores jerárquicos
Carmen Garibo, madre de Susana no dudó en señalar que “nuestros hijos no hicieron nada malo, mi hija era muy alegre, estudiosa, jamás estuvo en malos pasos como quisieron decir, a mi niña le gustaba salir con sus amigos, ella quería estudiar ingeniería química…le gustaba tantos abrazarnos”.
Como exigencia al gobernador, la madre de Susana expresó que “no debe permitir que la policía trabaje para el crimen organizado, que no se investigue, que el cambio que prometió en su campaña no esté acompañado de justicia”.
Para José Benítez la cuenta es clara “tengo mil 158 días con el mismo pesar. Estoy harto de mentar madres, de pedirle a las autoridades que caminen, yo solo quiero exigir, no pedir porque esa palabra siento que es dar lástima, exigir la finalización de nuestra investigación”.
