La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz informó que la maestra jubilada y taxista, Irma Hernández Cruz, fue asesinada como consecuencia de agresión, tortura y violencia ejercida durante su cautiverio, desestimando así la versión inicial que atribuía su muerte a un infarto.
Detalles del pronunciamiento oficial
-
La titular de la Fiscalía, Verónica Hernández Giadáns, confirmó que cuatro personas —identificadas como Octavio “N”, Jeana Paola “N”, Víctor Manuel “N” y José Eduardo “N”— se encuentran actualmente en prisión preventiva oficiosa por su probable participación. Fuertemente vinculados por secuestro agravado, estos presuntos responsables fueron inicialmente arrestados por otros delitos antes de ser imputados por el secuestro y la violencia ejercida contra la víctima.
-
Se confirmó que existen avances considerables en la investigación, con más personas bajo análisis por posibles vínculos en el crimen.
-
Durante la conferencia, la Fiscalía reiteró su comunicación continua con la familia de Irma, desde la ubicación de su cuerpo hasta la imputación de los presuntos responsables.
Contexto y versión previa
Previo al pronunciamiento de la Fiscalía, la gobernadora Rocío Nahle había declarado que la causa del fallecimiento fue un infarto derivado de las agresiones sufridas por Irma durante su secuestro. Este argumento fue respaldado en su momento por un supuesto médico legista, José Eduardo Márquez Nava, durante una conferencia pública.
Su declaración generó controversia ya que, según investigaciones, Márquez Nava no contaba con especialidad en medicina forense, aunque sí poseía cédula profesional como médico cirujano y Evaluación de Control y Confianza. La FGE defendió técnicamente su participación, alegando que cumplía con los requisitos legales para ejercer como perito.
Implicaciones del caso
La rectificación oficial de la Fiscalía —de infarto a asesinato con tortura— profundiza la gravedad del caso y la violencia que experimentó la víctima durante su secuestro. Además, coloca presión sobre las autoridades para garantizar un proceso judicial riguroso y transparente.
