- Con 38 votos a favor, y tomando en consideración la opinión de la Secretaría de Finanzas y Planeación, el Pleno determina procedentes dichas ampliaciones.
El Pleno de la LXV Legislatura del Estado de Veracruz aprobó el dictamen de la Comisión Permanente de Hacienda del Estado, mediante el cual se autorizan las ampliaciones presupuestales solicitadas por el Organismo Público Local Electoral del estado (Ople), la Universidad Veracruzana (UV), Fiscalía General del Estado (FGE) y Tribunal Electoral de Veracruz (TEV).
Lo anterior, a través del Decreto por el cual se adicionan diversas disposiciones a los artículos 16, 18, 21 y 22 del Decreto número 823 de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, ejercicio fiscal 2021.
De esta manera, la Legislatura local autoriza al Ople una ampliación de recursos presupuestales hasta por 352 millones de pesos (mdp), en virtud de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que deriva de la acción de inconstitucionalidad 241/2020 y sus acumulados, que restablece la vigencia de cálculo de la Ley Electoral para los partidos políticos y además para gastos relativos a la instalación de órganos electorales desconcentrados, mecanismos de recolección y traslado de paquetes electorales y material electoral diverso.
Al TEV le fue autorizada la ampliación de recursos por un monto de 4 millones 612 mil pesos, lo cual fue sustentado derivado del incremento en las labores ordinarias, consecuencia del proceso electoral, la necesidad de contratación de personal eventual y gastos de operación.
Del mismo modo, a la FGE le fue autorizada la ampliación por un monto de 347 millones 147 mil 918 pesos, que fue fundada a partir de que la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz “I” del Servicio de Administración Tributaria (SAT) determinó los créditos fiscales a partir del incumplimiento en el pago de las ministraciones destinadas a cubrir los impuestos sobre la Renta retenidos por Sueldos y Salarios en los periodos del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2015 y del 1 de enero al 30 de noviembre de 2016, y por Arrendamientos, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.
Para la UV fue autorizado un monto de mil 682 millones 467 mil 895 pesos que, al igual que la Fiscalía, le fueron determinados los créditos fiscales a partir del incumplimiento en el pago de las ministraciones destinadas a cubrir los Impuestos sobre la Renta retenidos por Sueldos y Salarios, a partir del incumplimiento en el pago de las ministraciones destinadas al pago del Impuesto sobre la Renta por sueldos y Salarios en los periodos del 1 de agosto al 31 de diciembre de 2014 y del 1 de enero al 31 de mayo de 2015, así como las multas y recargos correspondientes.
La comisión legislativa de Hacienda del Estado, integrada por la diputada Rosalinda Galindo Silva, presidente, y por los diputados Alexis Sánchez García y Eric Domínguez Vázquez, secretario y vocal respectivamente, considera necesaria la continuación de políticas que permitan la aplicación de medidas de austeridad y la observancia del principio de balance presupuestal sostenible del Presupuesto de Egresos.
En todos los casos, la Comisión consideró lo expuesto por la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) del estado.
Este dictamen registró 38 votos a favor y uno en contra, sin abstenciones.
Resultado de lo anterior, la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, instruyó a la Secretaría General remitir el decreto correspondiente al Ejecutivo estatal para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial del Estado.
Al participar en el debate de este dictamen, la diputada del grupo legislativo de Morena, Rosalinda Galindo Silva, indicó que la aplicación oportuna de políticas planteadas en el Plan Estatal de Desarrollo; de austeridad republicana, disciplina financiera y de contención del gasto, permitirán hacer frente a estas contingencias, no previstas inicialmente por los propios organismos autónomos solicitantes.
Tras ampliar detalles sobre cada una de las ampliaciones presupuestales, la legisladora sostuvo que cumplir con estos compromisos es por una democracia más justa y competitiva, así como el saneamiento de las finanzas públicas del gobierno estatal, es pensar en el beneficio de las futuras generaciones.
Además, de cumplir con las obligaciones que en materia electoral establezca la legislación aplicable; anunciar medidas preventivas de riesgos o que contribuyan a la eliminación de daños de cualquier naturaleza para la salud de las personas o el equilibrio ecológico y protección al ambiente; difundir las lenguas originarias y el patrimonio histórico del estado; comunicar programas y actuaciones públicas, y otros establecidos en las leyes.
En el artículo 9 se prevé que las campañas de comunicación social evitarán, además de lo previsto en el artículo 16 de esta ley, difundir contenidos cuya finalidad sea destacar, de manera personalizada, nombres, imágenes, voces o símbolos de cualquier servidor público; incluir mensajes discriminatorios, sexistas o contrarios a valores, principios y derechos constitucionales; que inciten a la violencia o a comportamientos contrarios al orden jurídico e induzcan a la confusión mediante símbolos, ideas, expresiones, diseños o imágenes utilizados por cualquier organización política o social.
En el artículo 16 queda asentado que, durante el tiempo que comprendan las campañas electorales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión de toda campaña de comunicación social en los medios de comunicación. Se exceptúan de lo anterior: las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, las necesarias para la protección civil en casos de emergencia y cualquier otra que autoricen los órganos electorales competentes de manera específica durante los procesos electorales.
En el capítulo VII, Del Padrón Estatal de Medios de Comunicación, se establece que los medios de comunicación que pretendan participar en la contratación de comunicación social a que se refiere esta ley deberán inscribirse en dicho padrón. La información contenida en el padrón estatal de medios de comunicación será pública y accesible a distancia, añade.
En los artículos transitorios, se prevé que la Coordinación General de Comunicación Social cuente con un término de 30 días naturales para emitir los lineamientos y de 90 días naturales para integrar el Padrón Estatal de Medios de Comunicación conforme a esta ley.
Las erogaciones que, en su caso, deban realizar los entes públicos con motivo de la entrada en vigor de este ordenamiento deberán cubrirse con cargo a su presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2021. El Decreto del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado a partir del ejercicio fiscal 2022 preverá para cada ente público una partida especial que se destinará al gasto de comunicación social.
En el dictamen, emitido por la Comisión Permanente de Gobernación, se establece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió la Acción de Inconstitucionalidad 61/2019, promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en la que se declaró la invalidez de la Ley número 248 de Comunicación Social, publicada en la Gaceta Oficial el 17 de mayo de 2019, con lo cual se obliga a esta Soberanía “se inicie un nuevo procedimiento legislativo y se emita la ley correspondiente a más tardar dentro del periodo ordinario inmediato posterior a la notificación de la sentencia”.
Además de los 27 votos a favor, este dictamen registró ocho votos en contra y cuatro abstenciones.
